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El recrudecimiento de las acciones de los convocantes del paro del transporte que, desde el pasado lunes, trata de paralizar el país está teniendo un efecto devastador sobre toda la cadena de suministro de alimentación (sector primario, industria, transporte y distribución), con pérdidas que ya alcanzan los 600 millones de euros, ponen en peligro más de 100.000 puestos de trabajo y están perjudicando especialmente a sectores igualmente afectados por el actual escenario inflacionista.
El carácter perecedero y la esencialidad de los alimentos que producen y comercializan está causando estragos en los sectores de frescos y en áreas geográficas con gran arraigo sectorial como Andalucía, Galicia o zona norte del país.
Empresas del sector informan de que sólo en Almería las compañías hortofrutícolas están perdiendo en torno a 10.000.000€ al día, en Huelva cifran que cada camión de frambuesa contiene unos 100.000 euros en producto y los de fresa unos 50.000 y son muchos los que no están consiguiendo salir.
Los exportadores se quejan también de que no se les están permitiendo transportar el producto hacia otros mercados.
También los puertos y lonjas están teniendo serias dificultades para poder operar. Sólo en Puerto de Celeiro (Lugo) tiene hoy 140 toneladas de pescado que si no puede sacar se van a echar a perder. Cada barco tiene un valor estimado de 60.000 euros y, aunque pierda la venta, debe hacer frente a los salarios mínimos, cotizaciones, etcétera. Este puerto tiene más de 1.000 trabajadores que si el conflicto se alarga pueden ver amenazados sus puestos de trabajo.
Con la misma preocupación e impacto está afrontando la situación el sector cárnico y ganadero español. En algunas zonas de España, especialmente en Galicia, no se recoge leche en las granjas, hay graves problemas de abastecimiento de piensos para alimentar al ganado y la agresividad de quienes secundan la huelga está impidiendo que muchos otros transportistas autónomos ejerzan su derecho al trabajo.
Esta situación está provocando que las empresas de distribución deban asumir unos sobrecostes diarios de en torno a los 130 millones de euros diarios para poder transportar y redistribuir alimentos a los puntos de venta de todo el país y evitar problemas de abastecimiento.
Por su parte, asociaciones y empresas de todos los sectores de la industria alimentaria continúan reportando incidentes y graves problemas operativos que ya están obligando a parar la actividad de los centros de producción.
Además, alertan de que en las próximas horas comenzarán los problemas de abastecimiento de productos, lo que afectará al suministro a las cadenas distribuidoras, así como al canal HORECA, que ya estaba fuertemente castigado por la pandemia.
Ante la gravedad de la situación, las asociaciones que integran a toda la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, AECOC, ASEDAS, ACES y ANGED) piden al Gobierno la máxima contundencia a la hora de frenar acciones que están causando pérdidas millonarias al conjunto de la cadena, poniendo en peligro la viabilidad de miles de negocios y desestabilizando el contexto económico y social de nuestro país.
El conjunto del sector entiende la complejidad del momento y las afectaciones que éste presenta para el sector del transporte, pero considera que es momento de aunar esfuerzos para reivindicar y agilizar la aprobación de un plan especial de ayudas al sector en línea con los aprobados en países como Francia o Italia.
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