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Aurelio del Pino, presidente de ACES
Venimos de la que ha sido quizás la legislatura europea más intensa, tanto por la complejidad del entorno geoestratégico y la pandemia, como por el programa tan ambicioso que se ha llevado a cabo. La Unión Europea ha abordado desafíos sin precedentes, a lo que ha respondido con una catarata normativa que ha impactado a los agentes económicos del sector agroalimentario y la distribución.
El nuevo marco normativo europeo se ha complicado enormemente, especialmente en áreas como la gestión de residuos, la eficiencia energética, la información empresarial, la regulación de los consumidores y la tecnología, así como en materia agroalimentaria. La nueva normativa en estos ámbitos está diseñada para afrontar los retos del presente y del futuro, pero su implementación requiere un proceso de adaptación complejo para las empresas.
Las normas que entraran en vigor durante la próxima legislatura exigirán a las empresas un esfuerzo significativo para cumplir con los nuevos requisitos. La transición nunca es sencilla, y por lo tanto es fundamental que las autoridades comprendan que las empresas necesitan tiempo y recursos para una adaptación efectiva.
Es importante que los nuevos responsables políticos surgidos de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, así como la nueva Comisión que se configure, sean conscientes de esta realidad. Son muchas las voces autorizadas que están pidiendo volver a los fundamentos de la regulación europea, basados en los principios de defensa de la libertad empresarial, proporcionalidad y no discriminación, un ejemplo de esto es el reciente informe de Enrico Letta.
Por lo tanto, seguiremos insistiendo en disponer siempre de un periodo de reflexión para evaluar cómo se implementan nuevas regulaciones y dimensionar sus efectos. Específicamente en nuestro sector, cualquier nueva medida debe tener en cuenta su impacto a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor agrario y ganadero hasta el consumidor, pasando por las empresas de distribución. Este enfoque integral del sector podría contribuir a que las normativas sean efectivas, justas y sostenibles.
Nosotros directamente y a través de nuestra patronal europea Eurocommerce, seguiremos dispuestos a trabajar y colaborar con las autoridades de la Comisión y del Consejo. Nuestro objetivo es ser un agente decisivo en la mejora de la economía y de la vida de los ciudadanos europeos. La colaboración entre el sector privado y las autoridades públicas es esencial para asegurar que las normativas no solo sean ambiciosas en sus objetivos, sino también realistas y viables en su aplicación.
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